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con referencias al caso aragonés:

Another point that I stressed is the need for a bunch of tech-entrepreneurs to actively engage in language issues. If we don’t do it, nobody will do it for us. Companies like CodeSyntax or tech-savvy people can be key actors, For instance, in the case of Aragonese, with just a few thousand speakers, it seems to me that a core group of hackers are doing great things, like Juan Pablo Martinez Cortes that was present at the seminar, or the geeks behind Arredol. Maybe they haven’t created a meme-machine in their twittersphere, but I see hope for that.

Y qué sosos somos los demás :)

» Consejo Social UMA

28 de Mayo de 2012 19:26h

MÁLAGA.-

El Consejo Social de la Universidad de Málaga, como órgano de participación de la sociedad malagueña en la Universidad, ante los recortes y ajustes aprobados por el Gobierno de la Nación, tras la reunión mantenida en el día de hoy, 28 de mayo de 2012, desea manifestar de manera particular lo siguiente:

1. Que no se puede olvidar que nuestras Universidades son protagonistas esenciales del progreso que ha experimentado nuestro país y que contribuyen en un alto grado al desarrollo económico y social de Andalucía.

2. Que nuestra universidad pública es un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar desde el que se promueve el conocimiento y la formación cívica para fortalecer el espíritu crítico y democrático entre la ciudadanía.

3. Que los profundos cambios sociales y económicos a los que asistimos y las nuevas y múltiples demandas que de ellos se derivan, obligan a una nueva adaptación y a una revisión del papel de nuestra Universidad y de las políticas públicas.

4. Los malagueños y malagueñas son, como el conjunto de la ciudadanía de este país, victimas de una crisis que, provocada por la especulación financiera y la falta de control, está dejando un dramático saldo de desempleo, recorte e injusticias.

5. Nuestro sistema productivo, excesivamente dependiente de la demanda interna y el consumo, necesita una profunda revisión orientada a la investigación y el talento si queremos alejarnos de un modelo que nos condena indefectiblemente a ser una provincia de servicios, vinculada casi con exclusividad al turismo y la construcción.

6. Ante ello, la Universidad de Málaga es pilar fundamental para el desarrollo del capital humano y la innovación, y de su fortaleza depende gran parte del futuro que como sociedad pretendamos construir.

7. Que el sistema de Universidad Pública garantiza de manera especial la igualdad de oportunidades constitucionalmente reconocida, por lo que cualquier intento de desmantelamiento o modificación de citado modelo es, y será, profundamente contestado por este Consejo Social y por los distintos sectores de la ciudadanía a la que representa.

8. Este Consejo considera que el problema más acuciante de la Universidad no es otro sino la falta de una financiación adecuada, pero esta ha de venir dada, necesariamente, por una apuesta decidida por parte de los poderes públicos, sin que sea lícito cargar a las familias (que ya soportan una importante disminución de su poder adquisitivo y son victimas de una enorme inseguridad laboral) dicha responsabilidad. El aumento de las tasas universitarias, aparejado a la reducción en el número y cuantía de las becas conllevará que muchos estudiantes deban abandonar sus estudios o se encuentren imposibilitados para iniciarlos, lo que supondrá condenar a toda una generación al atraso.

9. Este Consejo estima que las medidas planteadas por el Ejecutivo debilitan a la Universidad Pública.

Por todo ello

El Consejo Social de la Universidad de Málaga, y por mayoría de las organizaciones e instituciones que lo integran, insta al Gobierno de España a la paralización del RD 14/2012, y a abrir un proceso de diálogo con la comunidad educativa y agentes sociales en defensa de una Universidad pública y de calidad, garantía del principio de igualdad de oportunidades, y del progreso y futuro de esta provincia.

Del mismo modo, el Consejo Social de la Universidad de Málaga manifiesta su apoyo al Comunicado del Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga a la Comunidad Universitaria, así como a las manifestaciones realizadas por la Rectora de la Universidad de Málaga en su condición de Presidenta de la CRUE.

La Constitución Española, en su artículo 27.5, dispone que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación.  Asimismo,  en su apartado 10, reconoce la autonomía de las Universidades “en los términos que la Ley establezca”.

La conjunción de lo dispuesto en ambos apartados resume de forma clara el eje de lo que significa la educación en nuestro sistema democrático: es un derecho de todos, que los poderes públicos deben garantizar; en su programación general deben participar todos los sectores afectados y las Universidades gozan de autonomía en los términos que establezca la ley, que en la actualidad no es otra que la Ley Orgánica de Universidades.

Las reformas que se vienen produciendo en los últimos tiempos, amparándose en la crisis económica y con la justificación de la reducción del déficit público, inciden de forma muy negativa en todos los aspectos que hemos señalado. Ejemplo de ello lo constituyen el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y el Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de Abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en el que se regulan aspectos estructurales del funcionamiento del sistema público universitario con el pretexto de adoptar medidas urgentes de ahorro.

La Universidad Pública Española, a pesar de su autonomía, se encuentra sometida y al servicio de un conjunto de directrices políticas, dictadas desde distintas instancias de la administración pública, que afectan sustancial e irreversiblemente al sistema universitario público.

Por lo que se refiere a la garantía del derecho a la educación, entendemos que queda gravemente amenazada por la subida de tasas académicas, que supone un cambio profundo en el concepto de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades.

La participación,  que la Constitución establece como pilar básico del sistema, ha sido inexistente.  La comunidad universitaria y sus legítimos representantes no hemos sido informados ni hemos podido conocer, hasta su publicación en el BOE, ni el contenido ni los objetivos de esta disposición. No hemos participado en el proceso de elaboración y reflexión de la norma, como lo demuestran sus múltiples errores. Hemos solicitado la paralización del mismo con el objetivo de ofrecer nuestra experiencia para su reelaboración pero, sin embargo, nuestra petición no ha sido escuchada como lo demuestra su convalidación en el Congreso. Un paso más en esta radical negativa del Ministerio al diálogo, ha sido la no convocatoria del Consejo extraordinario de Universidades solicitado por los rectores de las universidades públicas y privadas españolas, con el objetivo del análisis y debate de la aplicación de este Real Decreto Ley.

La autonomía universitaria se ve gravemente lesionada, en la medida en que las disposiciones legales impiden a los órganos de gobierno de las Universidades que gestionen sus plantillas y organicen a su profesorado. Se modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario vinculándolo a criterios que no fueron establecidos para tal fin,  que manifiestan el desconocimiento de la actividad universitaria y que suponen la imposibilidad de desarrollo de la carrera investigadora del personal docente e investigador.  Situación que resulta tanto más sangrante cuanto que ignora el enorme esfuerzo que las Universidades públicas vienen haciendo para dar respuesta al EEES, sin un aumento de recursos y si merma de la calidad.

Finalmente, estimamos que aunque en nuestro actual sistema democrático el Gobierno de España tiene las competencias y la suficiente mayoría parlamentaria, es decir, la legitimidad para implementar el programa de reformas que desee, la justificación para hacerlo no puede pasar por una estrategia previa de ausencia absoluta de diálogo, ni por la urgencia de las medidas de ahorro ni, por supuesto, por la ofensa y menosprecio generalizado sobre el sistema Universitario Español, resultando inadmisible la campaña de desprestigio y de descrédito a los distintos colectivos de la institución universitaria, estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.

Por todo lo expuesto:

El Claustro de la Universidad de Cádiz manifiesta su más rotundo rechazo al Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril que se ha elaborado al margen de la comunidad universitaria y de la sociedad, acompañado de una injusta campaña de desprestigio de alumnos, personal de administración y servicios y personal docente e investigador, y cuyo contenido afecta sustancialmente al modelo de universidad pública y atenta al derecho a la autonomía universitaria contemplado en nuestra Constitución.

Asimismo, rechazamos el aumento de las tasas de matrícula, la modificación de la dedicación docente basada en un desconocimiento absoluto de la universidad, de su personal, su funcionamiento y del papel que desempeña en la sociedad, así como  al empleo del término coste de prestación del servicio asociado a la actividad universitaria.

 La actividad universitaria no es un coste, es una inversión. La mejor inversión para el desarrollo de la democracia y el progreso de la sociedad en condiciones de igualdad.

En consecuencia, el Claustro de la Universidad de Cádiz acuerda:

-          Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012.

-          Deplorar la actitud manifestada por  Ministro de Educación, Cultura y Deporte manifestada frente al sistema universitario español.

-          Exigir la apertura de un proceso de diálogo sobre el sistema universitario con los legítimos representantes de todos los intereses implicados, de manera que se permita alcanzar el más amplio consenso académico, político y social.

-          Demandar la creación, mediante un Pacto de Estado, de un órgano permanente en materia educativa que salvaguarde a la educación pública en todos sus niveles de los vaivenes de los intereses políticos.

-          Reafirmar el compromiso de la Universidad de Cádiz con la sociedad a la que se debe, especialmente en estos momentos difíciles y de incertidumbre que vivimos todos. 

COMUNICADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ULPGC

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reunido en sesión ordinaria el 25 de mayo de 2012, tras analizar el Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo, acuerda realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Rechazamos este Real Decreto Ley tanto la forma, puesto que en su elaboración se ha ignorado por completo a las Universidades, como el fondo, ya que afecta sustancialmente al modelo de universidad pública y, con ello, el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todos a la educación, tal y como se desarrolla en la Ley Orgánica de Universidades.

SEGUNDA: La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asume la necesidad de seguir realizando todas las acciones necesarias para incrementar la eficacia y la eficiencia en la prestación de sus servicios. Sin embargo, considera muy grave que una de las medidas para conseguir la reducción del gasto público sea precisamente el recorte de la financiación universitaria, que, en estos momentos, es insuficiente y está por debajo de la media europea; todo ello cuando existe consenso en considerar que la inversión educativa es condición necesaria para los cambios estructurales que exige nuestro sistema productivo y, en consecuencia, para la superación de la crisis. Por todo ello, es imprescindible la defensa de la enseñanza pública y de la dignidad del profesorado universitario.

TERCERA: Es preciso rechazar de manera tajante algunas de las medidas de este Real Decreto-Ley, por considerarlas de especial gravedad:

1. El aumento de los precios públicos de la universidad española, que ya se encuentran por encima de la media europea, sin una adecuada política de becas, incrementará las diferencias sociales en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados por la crisis.

2. Los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente, que se reducen, exclusivamente, al criterio del sexenio activo, sin considerar resultados anteriores de investigación, ni otras actividades del personal docente e investigador (publicaciones, proyectos, patentes, transferencia, innovación, gestión…), ni los objetivos estratégicos de las universidades.

3. La regulación de aspectos fundamentales (académicos, investigadores, estratégicos, etc.) que vulnera de manera clara la autonomía universitaria.

4. Las posibilidades que abre el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto-Ley 14/2012 para la privatización de servicios universitarios de las universidades públicas.

CUARTA: El Real Decreto-Ley 14/2012 demuestra un grave desconocimiento del propio sistema universitario, ya que utiliza el ETCS, que es la unidad de medida del trabajo que debe hacer el alumno, para valorar la actividad laboral del personal docente e investigador.

QUINTA: Todas las universidades públicas españolas han experimentado un proceso de cambio importante en los treinta últimos años, en los que se ha incrementado sustancialmente la generación de conocimiento, su transferencia y la calidad de la actividad docente e investigadora con una financiación muy inferior a la media europea. Este proceso está dando resultados que repercuten muy favorablemente en la sociedad, cumpliendo así con el objetivo fundamental de la Universidad.

SEXTA: La aplicación de este Real Decreto-Ley daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación y pone en muy serio peligro los niveles de posgrado (másteres y doctorado).

SÉPTIMA: Las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley no implicarán una mejora de la calidad de la universidad pública española ni una mejora en la posición que ocupa en los rankings internacionales, sino que comportará un empeoramiento y un retroceso que costará años recuperar, al mismo tiempo que agravará aún más la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior y la internacionalización de nuestros estudios.
Por todo ello:
1. Solicitamos la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012, así como el inicio de un proceso de diálogo con las universidades públicas para dar una solución efectiva a los problemas que, en este momento, tiene el sistema universitario español.
2. Solicitamos al Gobierno de Canarias que garantice la financiación necesaria de las universidades públicas canarias, sin que esto repercuta en los precios de las tasas para los sectores menos favorecidos de la población ni se disminuyan las retribuciones del personal de las universidades canarias sin que antes el mismo Gobierno de Canarias tome medidas de reducción de gastos ineficientes y superfluos.
3. Solicitamos a toda la sociedad, en general, y a la comunidad universitaria, en particular, que valore los riesgos de este Real Decreto-Ley y que participe en el debate, la defensa y la mejora del sistema universitario como servicio público que garantiza el progreso y la cohesión social.
4. Rechazamos el ataque sistemático que está sufriendo la universidad pública española que atenta contra la dignidad y la profesionalidad de los miembros de la comunidad universitaria, representada por sus rectores.