Pronunciamiento del Claustro de la Universidad de Cádiz frente a las medidas legislativas del Gobierno de la Nación en relación con las universidades
La Constitución Española, en su artículo 27.5, dispone que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación. Asimismo, en su apartado 10, reconoce la autonomía de las Universidades “en los términos que la Ley establezca”.
La conjunción de lo dispuesto en ambos apartados resume de forma clara el eje de lo que significa la educación en nuestro sistema democrático: es un derecho de todos, que los poderes públicos deben garantizar; en su programación general deben participar todos los sectores afectados y las Universidades gozan de autonomía en los términos que establezca la ley, que en la actualidad no es otra que la Ley Orgánica de Universidades.
Las reformas que se vienen produciendo en los últimos tiempos, amparándose en la crisis económica y con la justificación de la reducción del déficit público, inciden de forma muy negativa en todos los aspectos que hemos señalado. Ejemplo de ello lo constituyen el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y el Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de Abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en el que se regulan aspectos estructurales del funcionamiento del sistema público universitario con el pretexto de adoptar medidas urgentes de ahorro.
La Universidad Pública Española, a pesar de su autonomía, se encuentra sometida y al servicio de un conjunto de directrices políticas, dictadas desde distintas instancias de la administración pública, que afectan sustancial e irreversiblemente al sistema universitario público.
Por lo que se refiere a la garantía del derecho a la educación, entendemos que queda gravemente amenazada por la subida de tasas académicas, que supone un cambio profundo en el concepto de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades.
La participación, que la Constitución establece como pilar básico del sistema, ha sido inexistente. La comunidad universitaria y sus legítimos representantes no hemos sido informados ni hemos podido conocer, hasta su publicación en el BOE, ni el contenido ni los objetivos de esta disposición. No hemos participado en el proceso de elaboración y reflexión de la norma, como lo demuestran sus múltiples errores. Hemos solicitado la paralización del mismo con el objetivo de ofrecer nuestra experiencia para su reelaboración pero, sin embargo, nuestra petición no ha sido escuchada como lo demuestra su convalidación en el Congreso. Un paso más en esta radical negativa del Ministerio al diálogo, ha sido la no convocatoria del Consejo extraordinario de Universidades solicitado por los rectores de las universidades públicas y privadas españolas, con el objetivo del análisis y debate de la aplicación de este Real Decreto Ley.
La autonomía universitaria se ve gravemente lesionada, en la medida en que las disposiciones legales impiden a los órganos de gobierno de las Universidades que gestionen sus plantillas y organicen a su profesorado. Se modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario vinculándolo a criterios que no fueron establecidos para tal fin, que manifiestan el desconocimiento de la actividad universitaria y que suponen la imposibilidad de desarrollo de la carrera investigadora del personal docente e investigador. Situación que resulta tanto más sangrante cuanto que ignora el enorme esfuerzo que las Universidades públicas vienen haciendo para dar respuesta al EEES, sin un aumento de recursos y si merma de la calidad.
Finalmente, estimamos que aunque en nuestro actual sistema democrático el Gobierno de España tiene las competencias y la suficiente mayoría parlamentaria, es decir, la legitimidad para implementar el programa de reformas que desee, la justificación para hacerlo no puede pasar por una estrategia previa de ausencia absoluta de diálogo, ni por la urgencia de las medidas de ahorro ni, por supuesto, por la ofensa y menosprecio generalizado sobre el sistema Universitario Español, resultando inadmisible la campaña de desprestigio y de descrédito a los distintos colectivos de la institución universitaria, estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.
Por todo lo expuesto:
El Claustro de la Universidad de Cádiz manifiesta su más rotundo rechazo al Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril que se ha elaborado al margen de la comunidad universitaria y de la sociedad, acompañado de una injusta campaña de desprestigio de alumnos, personal de administración y servicios y personal docente e investigador, y cuyo contenido afecta sustancialmente al modelo de universidad pública y atenta al derecho a la autonomía universitaria contemplado en nuestra Constitución.
Asimismo, rechazamos el aumento de las tasas de matrícula, la modificación de la dedicación docente basada en un desconocimiento absoluto de la universidad, de su personal, su funcionamiento y del papel que desempeña en la sociedad, así como al empleo del término coste de prestación del servicio asociado a la actividad universitaria.
La actividad universitaria no es un coste, es una inversión. La mejor inversión para el desarrollo de la democracia y el progreso de la sociedad en condiciones de igualdad.
En consecuencia, el Claustro de la Universidad de Cádiz acuerda:
- Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012.
- Deplorar la actitud manifestada por Ministro de Educación, Cultura y Deporte manifestada frente al sistema universitario español.
- Exigir la apertura de un proceso de diálogo sobre el sistema universitario con los legítimos representantes de todos los intereses implicados, de manera que se permita alcanzar el más amplio consenso académico, político y social.
- Demandar la creación, mediante un Pacto de Estado, de un órgano permanente en materia educativa que salvaguarde a la educación pública en todos sus niveles de los vaivenes de los intereses políticos.
- Reafirmar el compromiso de la Universidad de Cádiz con la sociedad a la que se debe, especialmente en estos momentos difíciles y de incertidumbre que vivimos todos.
